Miguel Horacio Castillo y Franco Ezequiel Vallejos continuarán en prisión preventiva tras la audiencia de revisión realizada este jueves, en el marco de la causa por el violento robo a mano armada ocurrido en noviembre de 2024 en el minimercado El Tatané, ubicado en Calle 21 al 1130, en la ciudad de Avellaneda.
El hecho: intimidación armada y fuga
Según consta en la investigación, Castillo y Vallejos actuaron junto a un menor de 16 años, quien en el momento del asalto se encontraba siendo atendido por Gabriela Lidia Paulín, propietaria del comercio.
Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en que ingresaron los tres asaltantes. Castillo portaba un arma de fuego con la que amedrentó a la comerciante para robarle el dinero en efectivo. Tras cometer el delito, se dieron a la fuga.
Gracias al trabajo del personal de la Policía de Investigaciones (PDI), se logró identificar y detener a los dos adultos, quienes se encuentran privados de su libertad desde finales de 2024.
La audiencia y la decisión judicial
Durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva, la defensa pública representada por la doctora María Noel Severo y el doctor Ricardo De Gomois solicitó la libertad con restricciones para los imputados.
Sin embargo, el fiscal Sebastián Marichal se opuso, alegando que subsisten los riesgos procesales, especialmente porque el arma utilizada no fue secuestrada ni peritada, y el dinero sustraído tampoco fue recuperado.
La jueza Claudia Bressán resolvió mantener la prisión preventiva al considerar válidos los argumentos de la fiscalía y en virtud de que la causa aún se encuentra dentro del plazo legal para esa medida cautelar.
“Hubo intimidación, un arma que no fue hallada y estamos en el plazo procesal correspondiente. En tres meses podrían volver a pedir una revisión”, explicó el fiscal Marichal.
Lo que viene: camino a juicio
La próxima etapa procesal será la elevación a juicio, prevista dentro de los próximos tres meses. El fiscal también señaló que el Ministerio Público de la Acusación de Reconquista enfrenta una sobrecarga laboral, debido a la vacante de un fiscal que fue trasladado, lo que ha ralentizado varias causas, incluida esta.
“Veremos si en estos tres meses logramos finalizar la acusación”, concluyó Marichal.
