La Cámara de Diputados aprobó cambios en el sistema penal y de seguridad de Santa Fe, con medidas para agilizar investigaciones, fortalecer la actuación policial y prevenir delitos desde las cárceles.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó una serie de cambios al sistema penal y de seguridad provincial, con nuevas herramientas para agilizar las investigaciones, actuar ante situaciones urgentes y evitar que los procesos judiciales se frenen cuando una persona acusada decide no presentarse ante la Justicia.
Las modificaciones abarcan distintas etapas del proceso penal: desde las primeras actuaciones de una investigación y los allanamientos hasta la protección de testigos, el funcionamiento de las cárceles y el sistema de recompensas.
Al respecto, el diputado Dionisio Scarpin expresó: “Los delitos cambian, se organizan y aprovechan cada demora. El Estado no puede tener menos herramientas para responder. Estas reformas apuntan a que la Policía, los fiscales y la Justicia puedan actuar con mayor rapidez, pero siempre con reglas y controles claros”.
Nuevas herramientas para las investigaciones
Uno de los cambios contempla que la Fiscalía pueda tomar una declaración informativa a una persona vinculada con un hecho cuando todavía no existan elementos suficientes para acusarla.
En esos casos, la persona podrá guardar silencio, retirarse y contar con asistencia de un abogado. Si declara sin asistencia legal, sus dichos solamente podrán utilizarse para orientar la investigación.
También se incorpora la posibilidad de que un juicio avance cuando el acusado, pese a conocer la existencia de la causa, decide no presentarse. Para ello deberá contar con un abogado defensor, la decisión tendrá que ser autorizada por un juez y la víctima podrá ser escuchada.
“Escaparse o esconderse no puede convertirse en una manera de frenar a la Justicia. El proceso tiene que poder avanzar, con todas las garantías para defenderse”, sostuvo Scarpin.
Allanamientos urgentes y recuperación de inmuebles
La reforma amplía los supuestos en los que podrán realizarse allanamientos urgentes, por ejemplo, ante la presencia de armas, organizaciones criminales o situaciones en las que exista riesgo de pérdida de pruebas. En los casos previstos, habrá control judicial posterior.
Además, la Justicia podrá intervenir sobre inmuebles utilizados para cometer delitos, ordenar desalojos, devolver propiedades a sus legítimos ocupantes e impedir que esos espacios continúen siendo utilizados para actividades ilegales.
Medidas más estrictas en las cárceles
Otro de los puntos contempla la posibilidad de aplicar medidas más estrictas a internos cuyas acciones representen una amenaza grave para la seguridad pública.
Entre ellas se incluyen restricciones sobre visitas y comunicaciones, con posibilidad de revisión judicial.
“Estar preso no puede significar seguir generando amenazas para la gente desde una celda”, remarcó el legislador.
Inteligencia y sistema de recompensas
Por otra parte, el acceso a comunicaciones, teléfonos, cuentas o redes sociales mediante herramientas de inteligencia requerirá autorización judicial.
También se amplía el sistema de recompensas para obtener información que permita prevenir o esclarecer delitos, localizar responsables o encontrar personas buscadas.
Finalmente, Scarpin destacó la necesidad de fortalecer distintas áreas del sistema de seguridad y justicia: “Hace falta policía en la calle, investigación, fiscales, jueces, tecnología y un sistema penitenciario que funcione. Lo que aprobamos suma herramientas para responder mejor y más rápido frente al delito”.
