El juez federal Aldo Alurralde advirtió que el Estado sigue teniendo la obligación de mantener las rutas, más allá del cierre del organismo nacional.
El juez federal de Reconquista Aldo Alurralde se refirió a la reciente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, decretada por el gobierno nacional, y analizó cómo esta medida podría afectar las obras judicializadas en la Ruta Nacional N° 11, particularmente en los tramos que atraviesan los departamentos Vera, San Javier y General Obligado.
“La obligación de mantener las rutas sigue vigente”
El magistrado recordó que el Decreto 461/2025, que elimina Vialidad Nacional, traslada sus funciones al Ministerio de Economía, el cual asumirá ahora la construcción, conservación, mejoramiento y modificación del sistema troncal de caminos nacionales.
“Vamos a ver a qué jurisdicción dentro del Ministerio se delegan estas funciones. En todo caso, hay una continuidad jurídica, y por tanto, también un responsable claro”, expresó.
La Ruta 11 ya tiene fallos judiciales
Alurralde recordó que en el Juzgado Federal de Reconquista ya tramitan amparos presentados por el mal estado de la Ruta 11, donde incluso existía un contrato vigente con una empresa para tareas de reparación. “Vamos a ver si ese contrato continúa o se cae. En base a eso, evaluaremos el criterio a seguir”, señaló.
En ese sentido, dejó en claro que, aunque los jueces no pueden decidir cómo el Estado ejecuta las obras (por empresa, concesión o administración directa), sí pueden ordenar que se cumpla con el deber de mantener las rutas transitables.
“La ruta debe garantizar la seguridad de personas y bienes”
“Las rutas nacionales tienen una función central. No pueden quedar libradas al abandono. El Estado, por sí o por terceros, debe garantizar el adecuado mantenimiento”, sostuvo el juez.
Respecto a otras decisiones del Gobierno nacional, como la suspensión de licitaciones en la Ruta 33, Alurralde consideró fundada la preocupación de las autoridades provinciales y destacó que es el usuario el más perjudicado por la parálisis de obras.
El futuro es incierto, pero la obligación es clara
Aunque todavía no está claro cómo se ejecutarán las obras tras la disolución de Vialidad, el juez fue contundente: “Las rutas deben ser reparadas. La obligación del Estado no desaparece con un decreto.”
