El gobierno de Estados Unidos ha incluido a la expresidenta argentina Cristina de Kirchner en su lista de funcionarios y exmandatarios latinoamericanos a quienes se les prohíbe el ingreso al país. Esta medida forma parte de su estrategia global para sancionar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
La sanción se basa en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Congreso estadounidense, que permite restringir las visas a personas acusadas de “corrupción significativa” o violaciones graves de derechos humanos. Además, esta medida afecta también a los familiares directos de los sancionados.
Entre los nombres más destacados en la lista figuran:
- Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
- Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
- Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, expresidente y actual presidente de Cuba.
- Horacio Cartes, expresidente de Paraguay.
- Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, detenido en EE. UU. por narcotráfico.
- Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, condenado por blanqueo de capitales.
- Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de Ecuador, condenados por corrupción.
El Departamento de Estado también sancionó a funcionarios judiciales y policiales de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, acusados de manipular causas judiciales, colaborar con pandillas o reprimir a opositores.
Estas sanciones han generado tensiones diplomáticas con los gobiernos afectados, algunos de los cuales consideran la medida como una injerencia en sus asuntos internos. Desde Washington, se defiende que estas acciones buscan “fortalecer el Estado de derecho y proteger la democracia” en América Latina.
