El nuevo protocolo permite a fuerzas federales infiltrarse en redes sociales y plataformas digitales para combatir narcotráfico, trata, ciberdelitos y otros crímenes organizados.
El Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó este lunes el “Protocolo Particular para la Actuación de Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales”, una herramienta que permitirá a las fuerzas federales infiltrarse en entornos virtuales, como redes sociales, sitios web y plataformas digitales, para investigar delitos complejos, entre ellos narcotráfico, trata de personas, ciberdelitos, estafas financieras y distribución de material de abuso sexual infantil.
La medida, formalizada mediante la Resolución 828/2025 firmada por la ministra Patricia Bullrich, complementa la Ley 27.319 sobre técnicas especiales de investigación y equipara las operaciones digitales con las presenciales, otorgando validez judicial a las pruebas recolectadas bajo este esquema.
Infiltración digital con control judicial
El nuevo protocolo habilita a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y al Servicio Penitenciario Federal a llevar adelante estas tareas, siempre bajo orden judicial. Además, refuerza las medidas de protección para los agentes encubiertos y los testigos, estableciendo procedimientos específicos para resguardar su identidad e integridad.
Según el texto oficial, el instrumento busca responder a la “expansión exponencial de delitos en entornos digitales”, donde los delincuentes utilizan nuevas tecnologías para operar con impunidad, dificultando el accionar tradicional de las fuerzas.
Cambio de paradigma y capacitación
Especialistas en ciberseguridad valoraron la decisión como un avance en la modernización del accionar policial, destacando que las operaciones encubiertas digitales permiten obtener pruebas clave para desarticular redes criminales que operan en internet o en canales cifrados.
La resolución también instruye a las fuerzas a capacitar a sus agentes en investigación digital y en el uso de herramientas tecnológicas, lo que representa un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado en el siglo XXI.
