La actualización del nomenclador se aplicará en tres tramos entre octubre y diciembre, tras meses de reclamos del sector y fallos judiciales favorables.
En una medida que busca fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios para personas con discapacidad, el Gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador de prestaciones, con aumentos de entre el 29,7% y el 35,4%, que se aplicarán en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025.
La decisión fue adoptada tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Pami y la Superintendencia de Servicios de Salud. El incremento fue posible gracias a una partida presupuestaria adicional dispuesta por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mediante decisión administrativa.
Restablecimiento de pensiones suspendidas
La medida llega una semana después de que el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, acatara la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, para restablecer 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas.
No obstante, se aclaró que no se restablecerán los beneficios a personas privadas de la libertad.
Un alivio parcial para un sector en crisis
Desde Andis y el Ministerio de Salud afirmaron que se trata de “una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”.
El ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, referencia oficial para los aranceles que perciben instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad, incluyendo internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.
El último aumento había sido del 0,5% en diciembre de 2024, lo que generó cierres de centros de atención, demoras en los pagos y suspensión de servicios.
Reclamos por un aumento mayor
Organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad marcharon en los últimos meses frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir un incremento del 70%, tal como establece la Ley de Emergencia en Discapacidad, y reclamaron que el gobierno de Javier Milei “cumpla con la norma y dé respuesta a la crisis terminal que atraviesa el sector”.
Aunque el aumento anunciado representa un alivio, las entidades advierten que sigue siendo insuficiente para cubrir los costos reales de atención y sostener los servicios esenciales en todo el país.
