El Gobierno habilitó la naturalización sin tiempo mínimo de residencia a cambio de una inversión considerada relevante.
El Gobierno nacional oficializó este jueves que los extranjeros que realicen inversiones relevantes en Argentina podrán solicitar la ciudadanía, sin necesidad de cumplir un plazo mínimo de residencia. La medida fue formalizada mediante el Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial, que reglamenta los alcances del anterior Decreto 366/2025, el cual ya había introducido una modificación sustancial a la Ley de Ciudadanía 346.
Con este nuevo paso, se crea un procedimiento para conceder la ciudadanía por naturalización a extranjeros que acrediten una inversión significativa en el país, aún si no cuentan con los dos años de residencia continua que hasta ahora exigía la normativa vigente.
Economía definirá qué es “relevante”
El Ministerio de Economía de la Nación será el encargado de definir qué inversiones califican como relevantes para acceder al beneficio. Además, se creó un nuevo organismo: la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un ente descentralizado que funcionará bajo la órbita del Ministerio, con la tarea de evaluar previamente las solicitudes y elaborar un informe técnico vinculante.
Esta Agencia deberá analizar cada caso a partir de informes de organismos como el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el RENAPER, el Registro Nacional de Reincidencia y la SIDE, entre otros. También podrá considerar aportes de organismos públicos o privados que evalúen posibles riesgos a la seguridad o intereses nacionales.
Evaluación cruzada y plazos de resolución
El informe de la Agencia considerará estándares internacionales de seguridad, incluyendo aquellos exigidos por programas de exención de visado de Estados Unidos u otros países que apliquen protocolos similares. Una vez emitido el dictamen, será remitido a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá 30 días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud de ciudadanía mediante una resolución fundada.
El mecanismo apunta a atraer inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos, aunque ha despertado críticas en sectores que advierten sobre la necesidad de controlar con rigurosidad los perfiles de los beneficiarios y los posibles usos indebidos de esta vía de acceso a la nacionalidad.
