El Dr. Cristian Pablo Fiz, integrante del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Rafaela y presidente del Colegio de Magistrados Zona Oeste, analizó el inicio del sistema en la provincia.
Por primera vez en la historia judicial de Santa Fe comenzó un juicio por jurados. Este hito, largamente esperado por distintos sectores del ámbito judicial y académico, marca el inicio de una nueva etapa en la provincia. Sobre este tema conversamos con el Dr. Cristian Pablo Fiz, integrante del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Rafaela y presidente del Colegio de Magistrados Zona Oeste, quien brindó su visión sobre esta transformación en el sistema judicial.
“Hoy es un día histórico para la provincia”, afirmó el magistrado. “Esto es cumplir con una deuda, porque el juicio por jurados está previsto en tres artículos distintos de la Constitución Nacional. Por lo tanto, Santa Fe estaba pendiente de constitucionalizar su procedimiento penal en este aspecto”.
Cómo funciona el juicio por jurados
El Dr. Fiz explicó que en este sistema la responsabilidad de decidir sobre la culpabilidad o inocencia recae en 12 ciudadanos comunes, quienes luego de escuchar a las partes y a los testigos deliberan de manera privada para llegar a un veredicto. “A diferencia de los juicios tradicionales, donde decide un juez técnico, acá son los ciudadanos quienes representan a la sociedad en el acto de juzgar”, detalló.
Los integrantes del jurado son seleccionados por sorteo del padrón electoral. Posteriormente, se realiza un proceso de selección que excluye a quienes tengan impedimentos legales, antecedentes penales o vínculos con las partes involucradas. Antes de iniciar el juicio, se realiza una audiencia especial llamada voir dire, donde se seleccionan los 12 titulares y dos suplentes.
Además, la ley prevé que los jueces deben instruir al jurado sobre los conceptos legales relevantes, como las figuras penales que se debaten en el proceso.
¿Qué delitos se juzgan por este sistema?
En Santa Fe, el juicio por jurados está reservado a delitos graves, como:
- Homicidios calificados (con pena de prisión perpetua),
- Abuso sexual seguido de muerte,
- Homicidios en ocasión de robo, y
- Homicidios cometidos contra fuerzas de seguridad.
“Por ahora esos son los delitos que obligatoriamente deben juzgarse por este sistema”, señaló Fiz.
¿Se puede apelar un veredicto?
Una de las inquietudes frecuentes es si el fallo del jurado puede ser apelado. El Dr. Fiz aclaró que sí se puede apelar, pero no por el contenido del veredicto en sí, sino por posibles irregularidades en el proceso. Por ejemplo, si el juez no instruyó correctamente al jurado o si hubo algún apartamiento grave entre la prueba y la decisión final.
“El jurado no tiene que explicar por qué llegó a una conclusión. Representa al pueblo, no tiene la obligación de fundamentar. Eso sí, si hubo irregularidades, sí puede haber apelación”, aclaró.
El desafío de los medios y la opinión pública
Sobre la posible influencia de los medios y las redes sociales en los jurados, el camarista fue claro: “Es inevitable que haya información circulando, pero el juez debe advertirles que su decisión solo puede basarse en lo que escuchen durante el juicio. Tienen expresamente prohibido buscar información por su cuenta o dejarse influenciar por noticias o redes sociales”.
¿El veredicto debe ser unánime?
El sistema santafesino establece que el veredicto debe ser unánime. Sin embargo, si tras un largo proceso de deliberación no se logra acuerdo, se puede aceptar una decisión con al menos 10 votos sobre 12, aunque esto es excepcional.
La situación judicial en Rafaela
Finalmente, el Dr. Fiz fue consultado sobre el estado de la justicia en la circunscripción de Rafaela. “Estamos con mucho trabajo, pero funcionando bien. Rafaela es una circunscripción con juicios en varias localidades, como San Cristóbal y Tostado. Hemos tenido la visita de la Corte Suprema y hay reconocimiento al buen funcionamiento general”, destacó.
El primer juicio por jurados en Santa Fe marca el inicio de una nueva etapa democrática en el ámbito judicial, con el pueblo participando activamente en decisiones fundamentales.
