La administración nacional reclama que se postergue la ejecución hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado contra la sentencia de fondo.
El Gobierno argentino solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska la suspensión inmediata del fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, hasta tanto se resuelva la apelación presentada en enero de 2024.
La presentación judicial fue realizada este martes por la tarde por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, contratado por la Procuración del Tesoro, y advierte que ejecutar ahora la sentencia “implicaría un daño irreparable”, además de afectar la soberanía jurídica del país.
Argentina insiste: no puede ejecutarse un fallo parcial
En el escrito, el Ejecutivo nacional sostiene que no se puede ejecutar la entrega del paquete accionario mientras el fallo de fondo sigue pendiente ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, argumentan los abogados al advertir que, si los fondos tomaran control del paquete y lo vendieran, el perjuicio sería irreversible incluso si Argentina gana la apelación.
Además del pedido de suspensión general, el Gobierno reclamó una medida de suspensión provisoria (interim stay) mientras se analiza el recurso.
Riesgo estratégico: YPF es empresa clave para el país
Los abogados del Estado remarcaron que YPF es la principal empresa energética del país, con más de 23.000 empleados, y que su control estatal está protegido por la ley 26.741, que exige una mayoría accionaria pública y obliga a que cualquier venta de acciones sea autorizada por el Congreso Nacional.
“Esto no es un juicio comercial entre empresas, sino un litigio que involucra a un Estado soberano y su marco legal interno”, subraya la presentación.
Los argumentos centrales del Gobierno
La defensa argentina asegura que se cumplen todos los requisitos legales para suspender la ejecución:
- Alta probabilidad de éxito en la apelación.
- Daño irreparable si se pierde el control accionario.
- Ausencia de perjuicio sustancial para los demandantes ante una postergación.
- Y el interés público nacional como factor clave.
Además, se indica que la ejecución del fallo genera debates jurídicos no resueltos en la justicia de EE.UU., especialmente sobre la expropiación de bienes estatales extranjeros, y recuerdan que el propio gobierno de Estados Unidos ha tenido una postura distinta a la del tribunal.
También se hace alusión a la buena relación que Argentina mantuvo con la administración de Donald Trump, que en su momento apoyó al país en diversos foros internacionales.
El origen del conflicto
La causa fue iniciada por Burford Capital, fondo que adquirió los derechos del juicio a dos empresas del Grupo Petersen –creadas por la familia Eskenazi y radicadas en España– tras la estatización de YPF en 2012.
Preska falló contra la República Argentina, no contra YPF, y ahora ordenó entregar las acciones “Clase D” que hoy están bajo control del Tesoro Nacional y la ANSES, lo que implicaría perder la mayoría estatal en la compañía.
Próximos pasos
En caso de que la jueza Preska rechace el pedido de suspensión, el Gobierno adelantó que recurrirá de urgencia al Segundo Circuito para evitar la ejecución del fallo. La decisión de la jueza podría conocerse en los próximos días.
