Los inmigrantes deberán pagar la atención médica pública, habrá nuevas restricciones para obtener la ciudadanía y los condenados serán expulsados del país.
El Gobierno nacional anunció una profunda reforma del sistema migratorio argentino, con medidas que apuntan a restringir beneficios para extranjeros y endurecer los controles de ingreso y permanencia en el país. Los principales ejes fueron detallados por el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Salud pública: pago obligatorio para extranjeros
Uno de los puntos centrales de la reforma es que los inmigrantes ilegales y residentes transitorios deberán abonar los servicios de salud que reciban en hospitales públicos. Además, quienes ingresen al país deberán presentar un seguro médico que garantice su capacidad de pago.
“Vienen al país, se atienden en un hospital público y vuelven a su lugar de origen. En 8 hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones en atender pacientes extranjeros”, argumentó Adorni, citando cifras oficiales.
Universidades: autonomía para cobrar a extranjeros
En línea con la política de restricción de beneficios, el Gobierno también habilitará a las universidades públicas a cobrar por sus servicios educativos a estudiantes extranjeros. No obstante, se respetará la autonomía universitaria, por lo que será cada institución la que decida si aplica o no el cobro.
Nuevas condiciones para el DNI y la ciudadanía
Adorni también anunció que se endurecerán los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. Entre los nuevos criterios se destaca la exigencia de dos años de residencia continua en el país para poder solicitar la nacionalidad, sin abandonar el territorio durante ese período.
“Quienes entren o permanezcan de forma irregular no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora”, sostuvo el vocero presidencial.
Seguridad fronteriza: expulsión inmediata para condenados
En el capítulo vinculado a la seguridad, el Gobierno adelantó que ningún extranjero condenado por la Justicia podrá ingresar al país. Además, aquellos que sean sorprendidos cometiendo delitos dentro del territorio argentino serán expulsados sin demora.
“Cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias”, advirtió Adorni, en un mensaje alineado con las políticas migratorias más restrictivas que impulsa el Ejecutivo.
Una política que promete debate
Estas medidas forman parte de un paquete más amplio de reformas que el Gobierno de Javier Milei busca implementar para redefinir el rol del Estado y reordenar el gasto público, pero ya generan cuestionamientos en sectores de derechos humanos, salud y educación que advierten por las consecuencias sociales de excluir a personas migrantes de servicios básicos.
La reforma promete abrir un fuerte debate parlamentario y social en los próximos meses, en un país históricamente reconocido por su política de puertas abiertas a la migración.
