En el 49° aniversario del golpe cívico militar perpetrado por el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación de toda la información sobre el accionar de la Dictadura, y la determinación de declarar delito de lesa humanidad el asesinato de la familia del capitán Humberto Viola propiciado por el ERP.
“El Presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje que se grabó el pasado viernes en horas de la tarde, y que se difundió a las 11 de este lunes.
En la misma línea, agregó: “Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la orbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”.
“Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta”, remarcó el funcionario.
Para la administración libertaria, “estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra”, por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán “a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.
“Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación”, narró el vocero, y agregó: “La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia”.
Si bien la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso en 2010 por decreto la desclasificación de la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, Adorni aclaró que “nunca fue implementado completamente”.
Por su parte, especificó que declararán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crimen de lesa humanidad el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola.
“En el año 2008, la justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad. En 2016, la viuda del capitán Viola apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia internacional”, recordó el vocero.
En una nueva crítica a la gestión del expresidente Alberto Fernández y la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, planteó que “la Secretaría de Derechos Humanos, en aquel entonces conducida por Horacio Pietragalla, remitió una respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sostenía que el atentado contra el capitán y su familia no constituía un delito de lesa humanidad”.
“Bajo la presidencia de Javier Milei se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70”, contó, y concluyó: «Para el presidente del gobierno, Javier Milei, el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad«.
Para operativizar la decisión, el mandatario instruyó a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería, a cargo de Nahuel Sotelo, para que establezca ante la CIDH que el crimen de la familia Viola debe ser considerado un delito de lesa humanidad, tras argumentar que se trató de “un conflicto armado interno”.
Para eso, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer “la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”.
Desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, la planta de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se redujo en un 60%, y según precisaron fuentes de la secretaría, de 1005 empleados quedaron tan solo 400 en pie.
Asimismo, el Ministerio de Justicia avanzó con el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), encargada de investigar la desaparición de menores durante la dictadura militar.
En paralelo al anuncio, la izquierda y el kirchnerismo alistan sus columnas de militantes para marchar por Memoria, Verdad y Justicia, en un acto que concluirá en Plaza de Mayo.
