El oficialismo incorporó artículos de último momento para anular leyes ya aprobadas por amplias mayorías, incluso tras el rechazo a los vetos presidenciales.
El Gobierno nacional introdujo modificaciones de última hora en el Proyecto de Presupuesto 2026 con el objetivo de derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, ambas aprobadas este año por amplias mayorías en el Congreso y ratificadas luego de que el Parlamento rechazara los vetos presidenciales con más de dos tercios de los votos.
Los cambios fueron incorporados entre gallos y medianoche en el texto que será tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, convocada para este mediodía, generando sorpresa y fuerte rechazo en distintos bloques opositores.
Artículos clave del nuevo dictamen
En concreto, el artículo 75 del dictamen impulsado por el oficialismo deroga las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la Emergencia en Discapacidad y al Financiamiento Universitario, respectivamente.
Se trata de normas que el presidente Javier Milei había promulgado antes de las elecciones generales de octubre, tras el rechazo a sus vetos, pero que luego quedaron virtualmente suspendidas al no asignárseles partidas presupuestarias, bajo el argumento de que “no hay plata” y de que el Congreso debía definir el origen de los fondos.
Fondos discrecionales y judicialización
Como contrapartida, el Ejecutivo otorgó aumentos discrecionales tanto a universidades como a prestadores de servicios vinculados a la discapacidad, aunque muy por debajo de lo establecido por las propias leyes.
En el caso de la Emergencia en Discapacidad, la situación se agravó la semana pasada, cuando un fallo de la Justicia Federal de Campana ordenó al Gobierno aplicar la ley de manera inmediata, garantizando los fondos necesarios para que prestadores e instituciones recuperen lo perdido desde el inicio del ajuste en diciembre de 2023.
Otro recorte a derechos
Además, el nuevo texto incorpora el artículo 77, que modifica la ley 13.478 y elimina la posibilidad de otorgar una pensión a personas con Certificado Único de Discapacidad, uno de los derechos centrales reconocidos en la normativa de emergencia.
La inclusión de estos artículos en la llamada ley de leyes anticipa un nuevo foco de conflicto político y judicial, en un contexto de fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Congreso por el rumbo del ajuste y la garantía de derechos básicos.
