El Gobierno Nacional disolvió este martes la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para indagar sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, impulsada públicamente en febrero por el presidente Javier Milei.
La decisión fue oficializada a través del Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde se afirma que la unidad “cumplió con la tarea encomendada” y que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal.
Fin de una oficina clave tras el “Criptogate”
La UTI había sido conformada en medio de fuertes cuestionamientos al Ejecutivo por la promoción pública del memecoin desde las redes personales del propio presidente Milei, lo que derivó en una ola de inversiones que colapsaron cuando la criptomoneda perdió casi todo su valor y sus desarrolladores abandonaron el proyecto.
Según el texto firmado por Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno considera cerrada su parte en el caso:
“El Gobierno considera que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25”.
Investigación judicial y demandas siguen activas
A pesar de la eliminación de la UTI, la causa judicial continúa en curso. Se investigan posibles delitos económicos, conflictos de interés y la eventual responsabilidad de funcionarios que podrían haber estado vinculados directa o indirectamente al esquema de promoción de $LIBRA. Hasta ahora, no se han publicado informes ni resultados oficiales sobre lo indagado por la unidad.
En paralelo, una demanda colectiva avanza en Estados Unidos, donde se acusa a Milei de promoción engañosa y negligencia. Los denunciantes argumentan que muchos habrían evitado invertir en $LIBRA de no haber sido por las publicaciones del presidente argentino.
La oposición pide explicaciones
La medida de disolución encendió nuevas alarmas en la oposición, que retomó la ofensiva legislativa y busca impulsar una interpelación a los ministros Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona. También solicitan que se haga público el contenido del informe elaborado por la UTI, que nunca fue difundido ni remitido al Congreso.
Mientras tanto, crece la presión social y política por el silencio oficial ante uno de los mayores escándalos financieros vinculados a criptomonedas en el país.
