Cerca de 700 personas solicitaron verla tras la difusión pública de su dirección electrónica oficial. La defensa considera que se afecta su derecho a ejercer actividad política.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron una apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal contra las restricciones impuestas a las visitas que puede recibir mientras cumple prisión domiciliaria. Argumentan que esas limitaciones afectan directamente sus derechos políticos y partidarios, ya que supeditan el contacto con otros dirigentes a una autorización judicial previa.
Más de 700 pedidos de visita tras la difusión de su dirección
Desde que el abogado Gregorio Dalbón hizo pública en redes sociales la dirección electrónica oficial del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), el juzgado recibió 702 solicitudes para visitar a la ex presidenta en su residencia de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.
Ante esta situación, el presidente del tribunal, el juez Jorge Gorini, decidió derivar los pedidos a los abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, y les recordó que la normativa vigente establece que ellos deben canalizar y fundamentar cada solicitud.
Críticas a la exigencia de autorización previa
Los abogados de la ex mandataria alertaron que, de confirmarse este mecanismo, se generaría un “desgaste jurisdiccional” innecesario y advirtieron que la medida representa una potestad no prevista en la normativa vigente sobre prisión domiciliaria.
Además, sostienen que la regla de conducta esencial en estos casos debe limitarse únicamente a la restricción ambulatoria, es decir, al impedimento de salir del domicilio, pero no a condicionar el contacto con referentes políticos y sociales.
Casación evaluará el reclamo
El reclamo fue elevado a la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes previamente confirmaron la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Ahora será esta misma sala la que deberá definir si los límites a las visitas violan derechos fundamentales o si constituyen una medida razonable dentro del marco de una condena por corrupción con prisión domiciliaria.
