El gobierno provincial entiende que el directorio de la empresa Vicentín ha causado este presente y se volvió a insistir con la necesidad de intervención y remoción de los hombres que deciden los destinos de la firma oriunda de la ciudad de Avellaneda.
El gobierno provincial entiende que hay razones debidamente acreditadas para la intervención, tanto por lo que surge de estas actuaciones cuanto de las constancias del expediente del concurso, que demuestran un obrar que dista de los imperativos legales de lealtad y diligencia y un indudable compromiso del interés público.
Por otra parte, para la remoción de los directores, consideran que, “desde el inicio del proceso se sucedieron otras circunstancias que reafirman la necesidad de remover a quienes integran el órgano de administración”.
Varios directores se encuentran inhibidos por decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Número 10 de la ciudad de Buenos Aires.
Paralelamente y como se probó con copias certificadas emitidas por el Registro General, apenas conocida la insolvencia muchos de sus integrantes (incluido el presidente) enajenaron sus bienes.
Aunque la sindicatura afirme que el patrimonio personal es cuestión ajena al concurso, el estándar del leal buen hombre de negocios exigido por el artículo 59 de la ley general de sociedades no se compadece con este obrar, afectado deliberadamente la garantía de su responsabilidad por mal desempeño.
Se promovieron nuevas causas penales, tanto por denunciantes particulares cuanto por Administración Federal de Ingresos Públicos.
