Emiliano Peralta analizó las reformas de Maximiliano Pullaro, advirtió sobre riesgos y planteó consensuar herramientas de investigación que respeten las garantías constitucionales.
El paquete de reformas para el fortalecimiento de la seguridad pública impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro genera debate en la Legislatura de Santa Fe. La iniciativa contempla cambios en las facultades policiales, el Código Procesal Penal, la admisión de pruebas y el sistema penitenciario, entre otros aspectos.
En diálogo con “Vivos y Sueltos” por Radio Ideal, el diputado provincial y abogado Emiliano Peralta explicó cuáles son los principales puntos en discusión y qué aspectos considera necesario revisar para compatibilizar la persecución del delito con el respeto de los derechos constitucionales.
Allanamientos sin orden judicial: qué propone la reforma
Uno de los puntos abordados fue la posibilidad de que la Policía ingrese a un domicilio sin una orden judicial. Peralta aclaró que el proyecto no habilita esa facultad de manera general, sino que propone incorporar una nueva excepción a los supuestos en los que puede realizarse un allanamiento sin autorización judicial.
Según explicó, la modificación contempla situaciones en las que una persona es encontrada en la vía pública con armas de fuego, municiones, explosivos u otros materiales controlados, y existen sospechas de que guarda más elementos de ese tipo en su domicilio o en otro lugar habilitado para esos fines.
El legislador señaló que el principio general sigue siendo la necesidad de una orden judicial, con excepciones previstas legalmente, como determinados casos de flagrancia o situaciones en las que podría frustrarse la obtención de pruebas.
Peralta adelantó que los bloques opositores que participan del diálogo legislativo buscan discutir modificaciones para delimitar el alcance de estas herramientas y evitar interpretaciones que puedan entrar en conflicto con las garantías constitucionales.
Pruebas obtenidas ilegalmente y garantías constitucionales
Otro de los ejes de la reforma es la exclusión probatoria, es decir, la posibilidad de impedir que una prueba obtenida ilegalmente sea utilizada durante un juicio.
El diputado recordó que, si se ingresa a una vivienda sin autorización judicial y fuera de las excepciones legales, los elementos secuestrados podrían ser considerados prueba ilícita y quedar excluidos del proceso.
Sin embargo, explicó que la doctrina y la jurisprudencia contemplan la denominada fuente independiente de obtención de la prueba: si un elemento puede conseguirse mediante otra vía legal e independiente, podría ser admitido aun cuando hubiera existido una obtención irregular previa.
También mencionó la teoría del descubrimiento inevitable, que plantea que una prueba podría considerarse válida si, de todas maneras, se habría encontrado mediante el curso normal de la investigación. Sobre este último punto, Peralta manifestó sus reparos a incorporarlo como una excepción general en el Código Procesal Penal.
“Hay algunas cuestiones de las que están planteando que no pasan un test de constitucionalidad”, advirtió. Según sostuvo, una legislación que no respete las garantías puede terminar generando planteos de inconstitucionalidad y exclusiones probatorias que dificulten las investigaciones.
Juicios en ausencia y delitos graves
La posibilidad de avanzar con juicios en ausencia de una persona imputada también forma parte de las discusiones.
Peralta consideró que esta herramienta no debería convertirse en una regla general para todos los delitos y planteó la necesidad de analizar en qué casos podría aplicarse, especialmente frente a hechos de gravedad.
Además, mencionó la importancia de garantizar que las notificaciones sean fehacientes y no se limiten únicamente a publicaciones por edictos.
En relación con el narcotráfico, señaló que se trata de una materia que, en términos generales, corresponde a la Justicia Federal, mientras que el microtráfico podría ser objeto de discusión dentro de las competencias provinciales.
“No hay que caer en la lógica binaria de garantismo o punitivismo”
El diputado sostuvo que existe una demanda social de respuestas frente a la inseguridad y reconoció la necesidad de revisar las herramientas legales disponibles. Sin embargo, remarcó que las reformas deben contemplar los posibles abusos que podrían derivarse de una aplicación amplia de las facultades estatales.
“Hay que buscarle la vuelta para que las herramientas legales, sobre todo las que están pensadas en el Código Procesal, sirvan para la investigación, pero que no se torne la excepción una regla”, expresó.
En ese sentido, afirmó que, al analizar una reforma penal, es necesario contemplar incluso el peor escenario posible: que una norma pueda utilizarse para fabricar una causa, introducir pruebas falsas o perjudicar a una persona sin un juicio justo.
También cuestionó la propuesta de establecer zonas especiales con facultades policiales ampliadas, que incluirían la posibilidad de realizar allanamientos generales o disponer restricciones de circulación. Según indicó, ese artículo es uno de los puntos que su bloque ya decidió rechazar.
Buscan consensuar un texto legislativo
Peralta explicó que los distintos bloques mantenían conversaciones para acercar posiciones y elaborar una propuesta que permita mejorar la persecución del delito sin vulnerar derechos constitucionales.
El objetivo, señaló, era avanzar hacia un texto consensuado que pudiera ser tratado en la Legislatura.
El legislador insistió en que el debate no debe plantearse como una oposición entre seguridad y garantías, sino como la búsqueda de herramientas eficaces que puedan sostenerse legalmente y aplicarse en la práctica.
El cobro del plus médico y la situación de las obras sociales
Durante la entrevista, Peralta también se refirió al cobro del plus médico, una problemática que afecta a afiliados de Iapos, Pami y otras obras sociales, especialmente en el interior de la provincia.
El diputado indicó que presentó un pedido de informes en la Legislatura para conocer cómo se aplica la ley que prohíbe el cobro del plus. Además, adelantó que la actividad prevista para el viernes buscaría abordar la problemática de manera más amplia.
Según explicó, el conflicto no se limita al cobro adicional que deben afrontar los pacientes, sino que también involucra los valores y los plazos de pago de las prestaciones médicas por parte de las obras sociales.
Como ejemplo, mencionó el caso de un cirujano que, según le comentaron, recibe 75.000 pesos por una prestación, un monto que consideró insuficiente. Al mismo tiempo, remarcó la preocupación de los pacientes, que ya tienen descuentos mensuales en sus haberes y deben afrontar gastos adicionales para acceder a la atención.
Para Peralta, el problema requiere analizar el funcionamiento general del sistema de salud y de la seguridad social, con el objetivo de encontrar alternativas que contemplen tanto la situación de los profesionales como la de los afiliados.
